El Ártico como nuevo epicentro de la discordia transatlántica
Esta semana, Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España tras Josep Borrell, explicaba en la Universidad de Georgetown la falta crítica de entendimiento entre las dos principales potencias occidentales, la Unión Europea y Estados Unidos (EE. UU.). En la conversación apuntaba a que no se trata de un problema comercial o de una discrepancia política a resolver, como se ha hecho entre aliados existenciales desde la Segunda Guerra Mundial. Me recuerda, más bien, a una pareja como la de Historia de un Matrimonio, que parece ya no entenderse en nada, que habla lenguajes paralelos, con cosmovisiones aparentemente irreconciliables, donde los intereses en conflicto no son más que la guinda del pastel.
Hemos entrado en 2026 con la última manifestación de este desencuentro, y la estabilidad del Ártico se ha transformado de la noche a la mañana en una crisis de soberanía. Lo que en el pasado se consideraba una cuestión retórica -la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos- se ha consolidado bajo la administración del presidente Donald Trump como un pilar estratégico de su política exterior. Tras el reciente éxito operativo que supuso la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, la Casa Blanca ha girado su mirada hacia el norte, planteando un ultimátum que ha puesto en jaque la arquitectura de seguridad de la OTAN y la cohesión de la Unión Europea.
Groenlandia no es solo una disputa territorial, sino el síntoma de un cambio de paradigma en el orden global -donde la seguridad y la defensa, los recursos críticos y las rutas comerciales dictan la agenda de las grandes potencias, que se plantean su hegemonía para las próximas décadas. El actual statu quo en el Ártico parece insostenible: Estados Unidos argumenta una necesidad existencial de seguridad nacional, impulsada por la creciente presencia de rompehielos y activos de inteligencia rusos y chinos en la región, sin mencionar el impacto en el deshielo debido al cambio climático. Para Washington, la percepción de que Dinamarca es incapaz de asegurar militarmente un territorio de dos millones de kilómetros cuadrados -equivalente a España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido juntos- implica una vulnerabilidad que no pueden asumir ni, por tanto, tolerar.
Bajo la influencia de figuras con aún más determinación como Stephen Miller, la Casa Blanca ha pasado de la sugerencia a la presión directa. La lógica es simple pero disruptiva: si Estados Unidos no toma el control, lo harán sus adversarios. Esta postura no entra a debatir las complejidades de la soberanía danesa o el derecho a la autodeterminación de los 56.000 habitantes de la isla, quienes -según un estudio de Verian– rechazan pasar de ser una entidad autónoma bajo la corona danesa a convertirse en un territorio, de algún modo, estadounidense. En este contexto, se perfilan dos escenarios principales que definirán el futuro de la isla y, por extensión, de la Alianza Atlántica.
Escenario 1: El «Compromiso Atlántico» o la salida diplomática
La diplomacia europea, liderada por Copenhague y con el respaldo cauteloso de Londres y Berlín, estaría buscando evitar una ruptura total mediante un escenario de compromiso. La propuesta danesa puede ofrecer al presidente americano una «victoria política y legal» sin ceder la soberanía de la isla.
Este acuerdo se basaría en clarificar y ampliar el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno del Reino de Dinamarca, de conformidad con el Tratado del Atlántico Norte, relativo a la defensa de Groenlandia de 1951, y por el que Estados Unidos posee acceso militar de facto a Groenlandia -con la base de Pituffik (antes Thule)-, pero Dinamarca mantiene la autoridad de jure sobre nuevas instalaciones. El compromiso pasaría por otorgar a Washington un acceso militar total y un derecho de veto sobre la presencia de terceras potencias, como Rusia y China.
Para que este escenario sea viable, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) debe desempeñar un papel protagonista. El gobierno de Keir Starmer ha intentado posicionarse como un puente entre Bruselas y Washington, considerando el despliegue de tropas británicas y aliadas en la isla para aliviar las preocupaciones de seguridad. La Cumbre de la OTAN prevista para el 7 y 8 de julio en Turquía se perfilaría como el momento natural para sellar este pacto, que permitiría a Estados Unidos reclamar el control estratégico del Ártico bajo un paraguas multilateral y cumpliendo con el espíritu del Tratado de 1951. Conviene recordar que Groenlandia no es parte de la Alianza como Estado, sino sólo como parte del Reino de Dinamarca.
Escenario 2: La escalada y el Instrumento Anti-Coerción (ACI)
El segundo escenario contempla una escalada unilateral de Estados Unidos que implicaría forzar un cambio de estatus legal para Groenlandia. Podría ser al estilo Palaos, bajo “Libre Asociación” a Estados Unidos desde 1982, obteniendo una independencia desde 1994, que le otorga una suerte de “soberanía bajo tutela” con apoyo financiero de 889 millones de dólares programados en asistencia entre 2023 y 2043.
También podría ser un “Territorio No Incorporado” al estilo Puerto Rico, administrativamente Estado Libre Asociado desde 1952. Esto le otorga apoyo económico -unos 19.000 millones de dólares de fondos federales y otras ayudas en 2026- para una población que no paga impuestos federales, ni tiene voz en el Capitolio, ni voto en elecciones presidenciales. Y cualquiera de los dos estilos podría lograrse mediante presión política y económica.
La respuesta europea a esta amenaza ha revelado fracturas internas. Según Eurointelligence, Polonia y los países bálticos se muestran escépticos ante una anexión real, confiando en que el Congreso de EE.UU. podría bloquear tal medida tras las elecciones de final de año —mid-terms, el 3 de noviembre—, donde podría cambiar la mayoría en la Cámara de Representantes. Por otro lado, Francia ha adoptado una postura de máxima alerta, no descarta una intervención militar o una ocupación administrativa, y ha propuesto la activación del Instrumento Anti-Coerción (ACI).
El ACI es una «bomba comercial» de la Unión Europea, diseñada para responder a chantajes económicos extranjeros, inicialmente ideada contra China. Su activación permitiría imponer aranceles del 100% a exportaciones estadounidenses clave, restringir el acceso a mercados públicos y limitar la operatividad de empresas tecnológicas de EE.UU. en el Mercado Único. Sin embargo, este mecanismo es un arma de doble filo: una guerra comercial de esta magnitud dañaría gravemente las economías europeas y podría ser el catalizador definitivo que justifique la salida de Estados Unidos de la OTAN, cumpliendo así el objetivo de algunos extremismos en la administración estadounidense.
Sin embargo, para la mayoría de los Estados miembros, parece que Groenlandia no es un interés central de la UE que justifique un enfrentamiento con Washington. La posición base es de no escalada: la Comisión Europea reacciona a legislaciones y hechos concretos, no a retórica o mensajes en redes sociales. Como dice el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, “We do not comment on comments».
El escenario militar parece muy improbable, pero el daño sobre la confianza ya ha creado una vulnerabilidad estratégica: la falta de planes de contingencia ante un escenario de desembarco no consentido.
Groenlandia se ha convertido en el test de estrés definitivo para la relación transatlántica en 2026. Si prevalece el acuerdo y la unión entre los aliados, la OTAN podría salir fortalecida. Por el contrario, si se opta por la escalada y las decisiones nacionales unilaterales, podría suponer la fragmentación de la alianza occidental y la confirmación de una reconfiguración de la geopolítica global, con un nuevo control de las áreas de influencia de cada superpotencia, incluyendo Ucrania y Taiwán. Sería como una nueva Conferencia de Yalta, como en 1945, pero con ningún europeo entre el Big Three.
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Antonio Vargas
Sobre el autor: Antonio Vargas, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en Administración de Empresas por UFV, con formación en Dirección Estratégica y Comunicación Corporativa, preside el comité Cloud de ALETI y forma parte del Consejo Académico de FIDE. Desde 2025 es Principal de Comercio Global y Seguridad Económica en Amazon Web Services (AWS) y ha sido director de Relaciones Institucionales en AWS, manager de Políticas Públicas en Google y asesor en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España.
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